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COICI OPINA

Acerca del blog

El blog es creado para discutir temas referente a la construcción, obra civil o carreras a fines de la ingeniería civil.
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¿El profesional panameño no califica?

Defensa de la profesión. Posted on Wed, June 29, 2016 11:26AM

Por Carlos Antonio Solís Tejada (carlosasolis@gmail.com)
Arquitecto y urbanista

En Panamá es cada vez más común escuchar voces que cuestionan la capacidad del profesional local de la ingeniería y la arquitectura, para justificar la adjudicación de diseños, obras y consultorías a empresas extranjeras, además de la contratación de profesionales foráneos. Sin embargo, este discurso puede llegar a ser contraproducente, perjudicando a empresas y profesionales de excelencia comprobada en este país al afectar negativamente sus posibilidades de desarrollo y crecimiento a nivel local e internacional. Pero, ¿será verdad que existe un problema con los profesionales panameños? Si bien no debemos desconocer los logros alcanzados por nuestros colegas en este país en el pasado y el presente, como gremio debemos reconocer los problemas educativos, legislativos y migratorios, además de la globalización, que afectan nuestro desarrollo y competitividad. Por ello, en aras de sustentar mejor la defensa de nuestras profesiones, debemos llevar adelante un análisis descarnado de nuestra realidad e identificar áreas de mejora y desarrollo.

Un problema de origen educativo

Si bien en Panamá se han graduado buenos profesionales, no es un misterio para quienes han estudiado su licenciatura en Panamá y su especialidad en universidades de excelencia en el exterior, el evidente deterioro de la educación superior y la necesidad de una intervención urgente de las universidades públicas y privadas para reformarlas radicalmente; comenzando por la Universidad de Panamá que no se encuentra si quiera entre las 100 mejores de América Latina (está en posición 123). En el caso de la primera casa de estudios, si bien se han hecho grandes esfuerzos por actualizar el pénsum académico de la Licenciatura en Arquitectura y exigir más académicamente de sus profesores, esta actualización no surtirá los efectos deseados sin una nueva forma de gobernanza, donde prive el mérito y la excelencia académica en la designación de sus autoridades y el nombramiento del personal académico y administrativo, y no el clientelismo político electorero; procesos de admisión más rigurosos y selectivos; mayor estabilidad, mejores salarios y más tiempo de investigación para los profesores, por lo menos en las facultades de Arquitectura e Ingeniería. Una vez resuelto este tema, la transformación curricular tomará mayor ímpetu y seriedad. En el caso de la educación privada, su mercantilismo provoca una nula selectividad, con un estudiantado mimado, además de condiciones laborales desfavorables para sus profesores, en su mayoría de tiempo parcial, lo cual afecta la calidad. Sin embargo, a pesar de la deficiente educación que reciben, gracias a su esfuerzo personal muchos profesionales han logrado mostrar su valía tanto en el campo profesional como en estudios de maestría y doctorado en ambientes profesionales y académicos más exigentes dentro y fuera del país.

La inflación académica

En Panamá, como en otros países, con un desarrollo medio y alto, la inflación académica se ha convertido en un problema. La educación universitaria no debería ser la única vía hacia la superación personal ni económica, ni todos los puestos de trabajo en la industria de la construcción o del diseño debería requerir necesariamente de una persona con una licenciatura, maestría o doctorado, por ejemplo, los dibujantes o maquetistas; esto representa un despilfarro de nuestros impuestos y matrículas. Para ello se hace necesario elevar el perfil de la educación técnica profesional para satisfacer las necesidades del sector privado, reevaluar los perfiles necesarios para cada puesto de trabajo y darle mayor peso a las licenciaturas. Además, se hace necesario incentivar otros sectores productivos altamente lucrativos que requieran de personal técnico, ofreciendo así alternativas viables fuera de la educación universitaria y desmonopolizar algunas competencias de la arquitectura y las ingenierías.

La educación de los niños y adolecentes

En Panamá, según especialistas en recursos humanos, existe un problema actitudinal hacia el trabajo, lo cual se refleja en la calidad de los servicios y la alta rotación de personal, en especial entre los jóvenes, además de una menor tendencia por buscar mayor formación académica y profesional, afectando la competitividad del profesional panameño frente al recurso humano foráneo, lo cual afecta a las empresas locales e internacionales al reclutar.

Para darle un golpe de timón a la educación básica y al problema actitudinal que afecta la calidad del servicio prestado por el personal panameño, se hace necesario, además del cambio curricular, un proceso de selección riguroso y salarios atractivos para los docentes de educación básica y media, que garantice que los más brillantes y éticos opten por este tipo de trabajo y que sirvan de modelo de superación para la juventud. Paralelamente, también es necesario reforzar el respeto por la autoridad de los padres, una mayor promoción del matrimonio, la familia y su unidad, con sus valores positivos y ayudar a prevenir el creciente número de hogares sin presencia paterna o materna, y ayudar también a dichos hogares para que no caigan o salgan de la marginación social.

La tentación de la mano de obra foránea

Con el encarecimiento salarial de los ingenieros y arquitectos panameños idóneos recién graduados (además de aquellos no graduados y no idóneos), muchos colegas dueños de firmas y entidades gubernamentales han encontrado un alivio en la oleada migratoria que ha arribado al istmo causada por las crisis políticas y económicas que afectan al sur de Europa, Latinoamérica y los EE.UU., además de la globalización que ha atraído a empresas multinacionales para realizar proyectos y consultorías en el país. Muchos colegas dueños de firmas de ingeniería o arquitectura han justificado la contratación de personal extranjero ante el encarecimiento injustificado de la mano de obra local, con o sin experiencia, lo cual afecta sus líneas de negocio al tener que verse forzados a tomar dos opciones: o la de contratar a un recién graduado sobrevalorado o contratar a un extranjero con más experiencia y mayor formación por el mismo precio o menos, y para ello han optado incluso por ignorar nuestra legislación.

La tentación de la globalización y las empresas foráneas por una legislación obsoleta e ignorada

Hablando de nuestras leyes, Panamá cuenta con una legislación inflexiblemente proteccionista en la que privan criterios más reproductivos que técnicos. Nuestra Ley 15 del 26 de enero de 1959 otorga idoneidades sin pasar por un riguroso proceso escalonado que certifique la experiencia y competencias del profesional, lo cual se justificaba por razones históricas del desarrollo de nuestras profesiones. Se hace necesario entonces una nueva Ley específica para cada profesión que haga responsable a los gremios profesionales mediante sus respectivas juntas técnicas de ingeniería y de arquitectura, y no a la Universidad de Panamá de la certificación de la relevancia y pertinencia de los programas académicos ofrecidos en las universidades panameñas y foráneas, evitando así conflictos de interés y de aplicar exámenes de barra para certificar la idoneidad de los profesionales establecidos en Panamá, filtrando así a los profesionales foráneos y locales mediante un proceso formal y justo. Además, nuestra legislación vigente no provee de un escalafón salarial mediante el cual los empleadores puedan guiarse a la hora de negociar salarios y contratos. ¿Cómo pretendemos que se tomen en serio nuestras leyes si las mismas no son serias? Sin embargo, es la ley vigente y debe ser respetada por todos.

Por mucho tiempo nuestro gobierno y las grandes empresas privadas han sucumbido a la tentación que presenta la globalización, contratando consultores foráneos bajo la premisa de estar en búsqueda de nuevas ideas, mayor experiencia, mayor eficiencia y precios razonables, pasando por alto nuestras leyes e ignorando la responsabilidad que tienen con el resto de la sociedad en contribuir con su desarrollo humano por criterios económicos cortoplacistas, a veces corruptos. Lo más triste del caso es que estas firmas extranjeras se sirven de los conocimientos de los profesionales locales, en muchos casos de forma gratuita o pagando una fracción ínfima de lo que le cobran al Estado o las grandes empresas locales. Se hace necesario que tanto el Estado como la empresa privada razonen el gran daño a largo plazo que se hacen a sí mismas y al país al preferir a firmas internacionales por su gran renombre, en lugar de las empresas locales de excelencia mediante licitaciones con pliegos de cargo y actos amañados bajo la excusa falsa de que así lo exigen las entidades financieras multilaterales. Esto constituye una competencia desleal donde no se mide en pie de igualdad las capacidades de las empresas y profesionales panameños versus sus contrapartes extranjeras. Como consecuencia, muchas empresas y profesionales panameños de renombre en muchas ocasiones caen en el penoso rol de segundones (ya que el trabajo intelectual se hace en oficinas extranjeras) quedando como simples recolectores de información local sin ningún aprendizaje o como simples ejecutores de órdenes provenientes de ejecutivos foráneos, todo por quedarse con una migaja del pastel.

La reforma migratoria no puede esperar más, además de las reformas a las leyes de contratación pública y privada y nuevas leyes para la ingeniería y la arquitectura. Se hace necesario seleccionar el tipo de migrantes que necesitamos facilitándoles su regularización migratoria y profesional sin abusos económicos y legales, lo cual redundará en una mayor recaudación fiscal y mayor empleomanía, debido al ímpetu emprendedor del migrante, y a la vez permitir solo aquellas empresas internacionales con filiales en Panamá, con ejecutivos y profesionales mayoritariamente panameños para que puedan adjudicarse contratos públicos y privados. Además, se hace urgente que el Gobierno y la empresa privada comprendan la conveniencia de abrir concursos de diseño para las obras públicas y privadas de alto costo. De esta manera garantizamos y privilegiamos el derecho que tenemos los panameños para desarrollar nuestras capacidades profesionales y empresariales, dando a conocer el nuevo talento y el talento experimentado, además de permitirnos eventualmente competir en el mercado global.

El panameño no califica, un argumento bumerán

Finalmente, debemos todos los profesionales panameños reflexionar antes de decir que el profesional o las empresas panameñas no califican. Esta generalización al final termina devolviéndose a nosotros mismos. De ninguna manera debemos abogar por el aislacionismo ni la xenofobia, ni el nacionalismo barato, pero tampoco debemos dejar de lado la tarea pendiente de determinar hasta dónde es prudente integrarnos a este mundo globalizado de la manera más conveniente para los que vivimos en esta tierra sin dañar nuestro desarrollo económico y humano. Los profesionales y empresas panameñas merecen ser respetadas y tratadas con justicia por sus élites políticas, intelectuales y económicas, después de todo, ¿no somos parte de la misma sociedad?

Quienes hablan de la mediocridad del profesional panameño, en especial de los jóvenes, sin hacer nada al respecto, demuestran su propia mediocridad. Resultaría más beneficioso para ellos y el país que invirtieran en el desarrollo profesional de estos jóvenes ofreciendo más plazas de práctica o pasantía profesional (pagadas o no), donde puedan adquirir experiencias, actitudes positivas, destrezas y competencias que les sirvan en su desempeño profesional. Además, deberían poner exámenes de competencias a los candidatos para puestos de trabajo y publicar los rangos salariales a ofrecer, de manera que no se creen expectativas falsas ni se cree un ambiente de negociación salarial negativo y, finalmente, preocupándose por el desarrollo profesional de sus colaboradores pagándoles o dándoles licencias pagadas para tomar diplomados, seminarios, maestrías y especializaciones, ya que ese nuevo conocimiento al final terminará redundando en beneficio de sus empresas y el país. Esas son cosas que hacen empresas de excelencia.

Ciertamente, los individuos y empresas foráneas contribuyen con su ímpetu, conocimientos y creatividad y nuestro país, que no ha dudado en acogerlos con los brazos abiertos, pero esta bondad debe ser limitada por la garantía de nuestros propios intereses. No es justo que muchos jóvenes panameños, ante la pobreza de la oferta educativa local, salgan del país en busca de mejorar su nivel educativo con ayuda de la SENACYT o el IFARHU, para luego encontrarse con un mercado laboral que prefiere a priori a profesionales y empresas foráneas en las áreas en las que se habían especializado, obligándolos así a no aplicar sus conocimientos en trabajos que no los requieren, frustrándolos o forzándolos a migrar, provocando una fuga de cerebros y de recursos que serán aprovechados por otros, lo cual es un daño grave perpetrado contra nuestra sociedad.



PROTEJAMOS NUESTRA PROFESIÓN.

Defensa de la profesión. Posted on Fri, June 24, 2016 12:18PM


Lic.
Milagro J. Mendoza R. (mjmr2788@gmail.com)

Derecho
y Ciencias Políticas.

Panamá es un crisol
de razas, es como le hemos venido llamando durante años. Pues su gente es muy
buena y sus políticas han abierto las puertas a los extranjeros. Este país es
el favorito de muchos, tanto para invertir, como para vivir. Sin embargo la
migración externa, que hemos venido recibiendo en los últimos años, está afectando
a la población panameña. Sépase que este artículo, no se enfoca a la xenofobia,
sino en la realidad que estamos viviendo; ya que las políticas migratorias, no
han favorecido ni ayudado a los nacionales.

Para estos últimos
años, los países se han tornado más nacionalistas, es decir buscan proteger sus
intereses y los de sus compatriotas; sin embargo Panamá, ha abierto
abruptamente las puertas a muchos extranjeros, al punto tal que ya no lo pueden
controlar. Tanto la migración legal como la ilegal, han llevado a este país a
un caos.

Existen normativas
que permiten que extranjeros residan en este país, incluso que trabajen en él. Entre
las que podemos mencionar, las visas de 10%, la cual señala que por cada 10 trabajadores puede haber un
trabajador extranjero; vemos otras leyes que señalan que si Panamá no cuenta
con el profesional idóneo en una materia específica; puede contratar a un extranjero por tiempo
determinado, sin embargo es necesario que se coloque a su lado a un nacional
para que aprenda la materia y pueda ejercerla y enseñarla en este país.
Encontramos además normas que permiten la naturalización, y a través de otras
regulaciones se abren las puertas a las inversiones extranjeras, entre otras.

Por otro lado, la legislación panameña tiene 25 profesiones
liberales que están protegidas, es decir, solo pueden ser ejercidas por
panameños, entre ellas están:
enfermería, ingeniería, arquitectura, abogacía
farmacia, quiroprácticos, nutricionistas, relacionista, , cosmetología,
odontología, química, entre otras. Esas
profesiones se han visto vulneradas en este país, en la última década, gracias
a la migración abrupta.

En
Panamá, las obras de construcción han tomado un auge y un avance que es significativo. En los
últimos 10 años, Panamá ha recibido inversiones extranjeras que han ayudado a
la economía del país. Sin embargo, del otro lado de la moneda, podemos observar
que los estudiantes panameños que se gradúan no son los que están ocupando los
puestos, que estás construcciones han generado. La ley panameña señala, que en
los proyectos de construcción, debe estar como ingeniero residente un panameño, y los demás que apoyen y
colaboren en la ejecución del proyecto deben ser panameños también. Empero, la
realidad es otra, se ha observado que en los proyectos de construcción, en
efecto se cumple con el residente panameño, sin embargo los demás puestos de
mando no lo están ejerciendo nuestros profesionales, sino profesionales
extranjeros. Incurriendo de esta manera en el
delito, de ejercicio ilegal de una profesión, ya que aunque tengan el título
habilitante, el mismo no es reconocido en nuestro país.

Conlleva
otro problema, y es que estos profesionales extranjeros desconocen la normativa
panameña. Misma que es impartida en las universidades de Panamá. Al desconocer
estas reglamentaciones, se han visto afectadas vidas humanas, proyectos
enteros, y se dan continuas violaciones al Código de Trabajo y a las normas
sobre medidas de seguridad. Muchos de
estos trabajadores, son contratados como administrativos, no como ingenieros o
arquitectos. Los que les permite trabajar en Panamá, sin embargo, ejecutan
funciones propias de la ingeniería y la arquitectura; alegando que conocen los
reglamentos internacionales sobre construcción. Pero una realidad es que
desconocen las panameñas. .

El gobierno panameño,
debe invertir más en la educación, para que nuestros estudiantes, puedan tener
basto conocimiento y nadie diga que por el desconocimiento de nuestros
profesionales, se requiere personal extranjero. Las instituciones del gobierno,
deberían vigilar los proyectos, exigir el cumplimiento de la norma; que bien
señala que para ejercer este tipo de profesión, es necesario ser panameño. Y si
es extranjero debe cumplir con lo estipulado en la ley 15 de 1959; así también
cumplir con los requisitos de migración, de permiso de trabajo.

Esta migración continúa,
ha ocasionado afectaciones al país, entre lo que puedo mencionar las
siguientes:

·
Muchos
extranjeros profesionales, vienen a Panamá, son contratados para ocupar un
puesto “X”; pero ejercen una actividad exclusiva para los panameños y a ellos
les pagan un salario muy jugoso. Mientras que al nacional, le quieren pagar lo
mínimo.

·
Se
da el efecto inverso entonces, muchos de
estos migrantes, permanecen en Panamá, de manera ilegal. Lo que abarata en gran
medida la mano de obra. Mientras que al panameño debe pagarle según lo
planteado en salario mínimo o convención colectiva. Estos amigos, que están
ilegales, están dispuestos a cobrar mucho menos para poder permanecer más
tiempo en este país. Ocasionando entonces que los panameños, desde el punto de
vista que se observe queden afectados.

·
Se
tiene además que al desconocer las leyes panameñas, se incurren en delitos, y
violaciones a las normativas. Es
importante señalar que en Panamá, se hace lo que la ley panameña diga. Si en su país es diferente, excelente
por ellos. Pero lo que se hacía en su país, no es lo que se aplicará acá.

·
Por
el deseo ferreo de quedarse, están dispuestos a pagar más por las cosas. Es
bueno recordar que en los países vecinos, la vida es más cara, por lo que los
extranjeros están acostumbrados a pagar precios más altos por comida, vivienda,
ropa, entre otros. Ocasionando entonces una inflación en Panamá, haciendo que
los panameños, no puedan costear o sobrellevar esta carga.

Panameños, seamos
solidarios y hospitalarios como lo hemos sido por años, pero luchemos por
nuestros derechos y defendamos nuestra nacionalidad.



LA LEY 15 Y EL DESARROLLO DE LA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA EN PANAMÁ

Defensa de la profesión. Posted on Fri, June 24, 2016 11:11AM

Ing. Marcel Chong Echeverría
(marcel.chong@gmail.com)

Miembro del colegio de ingenieros
civiles (COICI)

En octubre de 2015, el Colegio de Ingenieros Civiles, con
el respaldo de la SPIA, emitió un comunicado nacional exigiendo el respeto a la
Ley 15 de 1959 pero, ¿qué implica el respeto a esta ley?, ¿por qué el gremio de
Ingenieros Civiles está exigiendo que se cumpla con la ley y las resoluciones
de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura? Para explicar estas
preguntas, tomaré el plan maestro del Metro de Panamá, el cual se presenta como
un caso digno a ejemplificar lo que los colegas impulsores de la Ley 15
posiblemente previeron al momento de redactar dicha ley.

Para ser un profesional de la ingeniería, arquitectura
y/o sus afines, es necesario, entre otras cosas, ser panameño o demostrar
arraigo en el país a través del matrimonio con un/una nacional y/o tener hijos
panameños. De no tener ese arraigo con
el país, un profesional de la rama podría obtener una idoneidad fácilmente,
realizar una obra y regresar a su país de origen sin tener que transmitir sus
conocimientos y experiencia a ningún panameño, y sin estar sujeto a las
responsabilidades que conlleva el ejercicio de la profesión en nuestro
país. Al no recibir los nacionales dicho
conocimiento y recibir la experiencia de una megaobra u obra especializada, la
única forma que tendrían dichos nacionales de obtenerla sería participando en
obras similares en otros países, donde tal vez los gremios de estos hipotéticos
países no los dejarían ejercer por no tener, precisamente, idoneidad.

Así pues, la Ley 15 prevé que para los puestos claves de
una obra especializada, de no haber un profesional panameño que pueda ejercer
el puesto, se le puede otorgar un permiso temporal para ejercer, sin embargo,
la empresa contratante debe, por obligatoriedad de la ley, contratar a un
profesional panameño (idóneo, claro) con capacidad necesaria para recibir los
conocimientos del extranjero a quien se le otorgó el permiso temporal, al mismo
tiempo que gana experiencia en obras especializadas.

Dicho esto, la línea 1 del Metro de Panamá puso de
manifiesto la presencia de extranjeros, posiblemente profesionales de la
construcción, ejerciendo cargos de mando y dirección bajo la excusa de que no
existían en la república profesionales con la experiencia y conocimientos
necesarios para ocupar dichos cargos. Y
es de notar que la aptitud de estas personas está en tela de duda, puesto que,
al no haber realizado el trámite de idoneidad o permiso para ejercer otorgado por la Junta Técnica de Ingeniería y
Arquitectura, ente responsable de dicha verificación, es fácil suponer que
nadie verificó si sus hojas de vida y títulos eran reales. Y así como no se verificó la autenticidad de
los perfiles de estos elementos, es lógico pensar que tampoco fueron
contratados profesionales panameños para que les fuera transmitido su
conocimiento, como dicta la ley, o al menos eso es lo que deduzco de
conversaciones con colegas que pudieron participar en esta obra.

Como mencioné al principio, esta obra se me antoja ideal
para el ejemplo que quiero exponer. Si el planteamiento del párrafo anterior es
falso, entonces en la ejecución de la línea 2 del Metro de Panamá se comenzará
a ver menos presencia de profesionales extranjeros ocupando plazas de trabajo
reservadas, por ley, para idóneos. Y
esta disminución deberá ser cada vez más evidente conforme se vayan
construyendo las siguientes líneas, puesto que para entonces la excusa de
profesionales idóneos sin experiencia en este tipo de obras no tendrá sentido.

Por otro lado, si mi planteamiento es verdadero, el
escenario temido por los creadores de la Ley 15 puede verse materializado:
obras billonarias ejecutadas por empresas multinacionales que importan a los
profesionales de sus países de origen para que ejecuten las obras pagadas por
los panameños, con el inconveniente de que al final del último pago el balance
general arroja salarios generosos pagados a personas que regresarán a sus
países con ese dinero, esa experiencia y ese conocimiento. Y si al colocar el último tornillo del Metro
de Panamá, resulta que es apropiado pensar en un medio de transporte similar
para David, Chitré, Santiago o Colón, ¿en qué profesionales podríamos pensar
para dirigir dichos proyectos?, ¿se traerían de nuevo profesionales extranjeros
por la carencia de profesionales panameños con experiencia en este tipo de
obra, después de haber construido 9 líneas en ciudad de Panamá?

El espíritu progresista de la Ley 15 es muy claro una vez
que se dimensiona un problema en la forma en que lo he expuesto aquí. El objetivo a largo plazo es poder contar con
el recurso humano lo suficientemente experimentado, como para poder tener
compañías de origen panameño capaces de competir, dentro y fuera del territorio
nacional, con compañías extranjeras que en su momento, en sus propios países,
tampoco tuvieron el tamaño y la experticia que ahora poseen.