Por Carlos Antonio Solís Tejada (carlosasolis@gmail.com)
Arquitecto y urbanista

En Panamá es cada vez más común escuchar voces que cuestionan la capacidad del profesional local de la ingeniería y la arquitectura, para justificar la adjudicación de diseños, obras y consultorías a empresas extranjeras, además de la contratación de profesionales foráneos. Sin embargo, este discurso puede llegar a ser contraproducente, perjudicando a empresas y profesionales de excelencia comprobada en este país al afectar negativamente sus posibilidades de desarrollo y crecimiento a nivel local e internacional. Pero, ¿será verdad que existe un problema con los profesionales panameños? Si bien no debemos desconocer los logros alcanzados por nuestros colegas en este país en el pasado y el presente, como gremio debemos reconocer los problemas educativos, legislativos y migratorios, además de la globalización, que afectan nuestro desarrollo y competitividad. Por ello, en aras de sustentar mejor la defensa de nuestras profesiones, debemos llevar adelante un análisis descarnado de nuestra realidad e identificar áreas de mejora y desarrollo.

Un problema de origen educativo

Si bien en Panamá se han graduado buenos profesionales, no es un misterio para quienes han estudiado su licenciatura en Panamá y su especialidad en universidades de excelencia en el exterior, el evidente deterioro de la educación superior y la necesidad de una intervención urgente de las universidades públicas y privadas para reformarlas radicalmente; comenzando por la Universidad de Panamá que no se encuentra si quiera entre las 100 mejores de América Latina (está en posición 123). En el caso de la primera casa de estudios, si bien se han hecho grandes esfuerzos por actualizar el pénsum académico de la Licenciatura en Arquitectura y exigir más académicamente de sus profesores, esta actualización no surtirá los efectos deseados sin una nueva forma de gobernanza, donde prive el mérito y la excelencia académica en la designación de sus autoridades y el nombramiento del personal académico y administrativo, y no el clientelismo político electorero; procesos de admisión más rigurosos y selectivos; mayor estabilidad, mejores salarios y más tiempo de investigación para los profesores, por lo menos en las facultades de Arquitectura e Ingeniería. Una vez resuelto este tema, la transformación curricular tomará mayor ímpetu y seriedad. En el caso de la educación privada, su mercantilismo provoca una nula selectividad, con un estudiantado mimado, además de condiciones laborales desfavorables para sus profesores, en su mayoría de tiempo parcial, lo cual afecta la calidad. Sin embargo, a pesar de la deficiente educación que reciben, gracias a su esfuerzo personal muchos profesionales han logrado mostrar su valía tanto en el campo profesional como en estudios de maestría y doctorado en ambientes profesionales y académicos más exigentes dentro y fuera del país.

La inflación académica

En Panamá, como en otros países, con un desarrollo medio y alto, la inflación académica se ha convertido en un problema. La educación universitaria no debería ser la única vía hacia la superación personal ni económica, ni todos los puestos de trabajo en la industria de la construcción o del diseño debería requerir necesariamente de una persona con una licenciatura, maestría o doctorado, por ejemplo, los dibujantes o maquetistas; esto representa un despilfarro de nuestros impuestos y matrículas. Para ello se hace necesario elevar el perfil de la educación técnica profesional para satisfacer las necesidades del sector privado, reevaluar los perfiles necesarios para cada puesto de trabajo y darle mayor peso a las licenciaturas. Además, se hace necesario incentivar otros sectores productivos altamente lucrativos que requieran de personal técnico, ofreciendo así alternativas viables fuera de la educación universitaria y desmonopolizar algunas competencias de la arquitectura y las ingenierías.

La educación de los niños y adolecentes

En Panamá, según especialistas en recursos humanos, existe un problema actitudinal hacia el trabajo, lo cual se refleja en la calidad de los servicios y la alta rotación de personal, en especial entre los jóvenes, además de una menor tendencia por buscar mayor formación académica y profesional, afectando la competitividad del profesional panameño frente al recurso humano foráneo, lo cual afecta a las empresas locales e internacionales al reclutar.

Para darle un golpe de timón a la educación básica y al problema actitudinal que afecta la calidad del servicio prestado por el personal panameño, se hace necesario, además del cambio curricular, un proceso de selección riguroso y salarios atractivos para los docentes de educación básica y media, que garantice que los más brillantes y éticos opten por este tipo de trabajo y que sirvan de modelo de superación para la juventud. Paralelamente, también es necesario reforzar el respeto por la autoridad de los padres, una mayor promoción del matrimonio, la familia y su unidad, con sus valores positivos y ayudar a prevenir el creciente número de hogares sin presencia paterna o materna, y ayudar también a dichos hogares para que no caigan o salgan de la marginación social.

La tentación de la mano de obra foránea

Con el encarecimiento salarial de los ingenieros y arquitectos panameños idóneos recién graduados (además de aquellos no graduados y no idóneos), muchos colegas dueños de firmas y entidades gubernamentales han encontrado un alivio en la oleada migratoria que ha arribado al istmo causada por las crisis políticas y económicas que afectan al sur de Europa, Latinoamérica y los EE.UU., además de la globalización que ha atraído a empresas multinacionales para realizar proyectos y consultorías en el país. Muchos colegas dueños de firmas de ingeniería o arquitectura han justificado la contratación de personal extranjero ante el encarecimiento injustificado de la mano de obra local, con o sin experiencia, lo cual afecta sus líneas de negocio al tener que verse forzados a tomar dos opciones: o la de contratar a un recién graduado sobrevalorado o contratar a un extranjero con más experiencia y mayor formación por el mismo precio o menos, y para ello han optado incluso por ignorar nuestra legislación.

La tentación de la globalización y las empresas foráneas por una legislación obsoleta e ignorada

Hablando de nuestras leyes, Panamá cuenta con una legislación inflexiblemente proteccionista en la que privan criterios más reproductivos que técnicos. Nuestra Ley 15 del 26 de enero de 1959 otorga idoneidades sin pasar por un riguroso proceso escalonado que certifique la experiencia y competencias del profesional, lo cual se justificaba por razones históricas del desarrollo de nuestras profesiones. Se hace necesario entonces una nueva Ley específica para cada profesión que haga responsable a los gremios profesionales mediante sus respectivas juntas técnicas de ingeniería y de arquitectura, y no a la Universidad de Panamá de la certificación de la relevancia y pertinencia de los programas académicos ofrecidos en las universidades panameñas y foráneas, evitando así conflictos de interés y de aplicar exámenes de barra para certificar la idoneidad de los profesionales establecidos en Panamá, filtrando así a los profesionales foráneos y locales mediante un proceso formal y justo. Además, nuestra legislación vigente no provee de un escalafón salarial mediante el cual los empleadores puedan guiarse a la hora de negociar salarios y contratos. ¿Cómo pretendemos que se tomen en serio nuestras leyes si las mismas no son serias? Sin embargo, es la ley vigente y debe ser respetada por todos.

Por mucho tiempo nuestro gobierno y las grandes empresas privadas han sucumbido a la tentación que presenta la globalización, contratando consultores foráneos bajo la premisa de estar en búsqueda de nuevas ideas, mayor experiencia, mayor eficiencia y precios razonables, pasando por alto nuestras leyes e ignorando la responsabilidad que tienen con el resto de la sociedad en contribuir con su desarrollo humano por criterios económicos cortoplacistas, a veces corruptos. Lo más triste del caso es que estas firmas extranjeras se sirven de los conocimientos de los profesionales locales, en muchos casos de forma gratuita o pagando una fracción ínfima de lo que le cobran al Estado o las grandes empresas locales. Se hace necesario que tanto el Estado como la empresa privada razonen el gran daño a largo plazo que se hacen a sí mismas y al país al preferir a firmas internacionales por su gran renombre, en lugar de las empresas locales de excelencia mediante licitaciones con pliegos de cargo y actos amañados bajo la excusa falsa de que así lo exigen las entidades financieras multilaterales. Esto constituye una competencia desleal donde no se mide en pie de igualdad las capacidades de las empresas y profesionales panameños versus sus contrapartes extranjeras. Como consecuencia, muchas empresas y profesionales panameños de renombre en muchas ocasiones caen en el penoso rol de segundones (ya que el trabajo intelectual se hace en oficinas extranjeras) quedando como simples recolectores de información local sin ningún aprendizaje o como simples ejecutores de órdenes provenientes de ejecutivos foráneos, todo por quedarse con una migaja del pastel.

La reforma migratoria no puede esperar más, además de las reformas a las leyes de contratación pública y privada y nuevas leyes para la ingeniería y la arquitectura. Se hace necesario seleccionar el tipo de migrantes que necesitamos facilitándoles su regularización migratoria y profesional sin abusos económicos y legales, lo cual redundará en una mayor recaudación fiscal y mayor empleomanía, debido al ímpetu emprendedor del migrante, y a la vez permitir solo aquellas empresas internacionales con filiales en Panamá, con ejecutivos y profesionales mayoritariamente panameños para que puedan adjudicarse contratos públicos y privados. Además, se hace urgente que el Gobierno y la empresa privada comprendan la conveniencia de abrir concursos de diseño para las obras públicas y privadas de alto costo. De esta manera garantizamos y privilegiamos el derecho que tenemos los panameños para desarrollar nuestras capacidades profesionales y empresariales, dando a conocer el nuevo talento y el talento experimentado, además de permitirnos eventualmente competir en el mercado global.

El panameño no califica, un argumento bumerán

Finalmente, debemos todos los profesionales panameños reflexionar antes de decir que el profesional o las empresas panameñas no califican. Esta generalización al final termina devolviéndose a nosotros mismos. De ninguna manera debemos abogar por el aislacionismo ni la xenofobia, ni el nacionalismo barato, pero tampoco debemos dejar de lado la tarea pendiente de determinar hasta dónde es prudente integrarnos a este mundo globalizado de la manera más conveniente para los que vivimos en esta tierra sin dañar nuestro desarrollo económico y humano. Los profesionales y empresas panameñas merecen ser respetadas y tratadas con justicia por sus élites políticas, intelectuales y económicas, después de todo, ¿no somos parte de la misma sociedad?

Quienes hablan de la mediocridad del profesional panameño, en especial de los jóvenes, sin hacer nada al respecto, demuestran su propia mediocridad. Resultaría más beneficioso para ellos y el país que invirtieran en el desarrollo profesional de estos jóvenes ofreciendo más plazas de práctica o pasantía profesional (pagadas o no), donde puedan adquirir experiencias, actitudes positivas, destrezas y competencias que les sirvan en su desempeño profesional. Además, deberían poner exámenes de competencias a los candidatos para puestos de trabajo y publicar los rangos salariales a ofrecer, de manera que no se creen expectativas falsas ni se cree un ambiente de negociación salarial negativo y, finalmente, preocupándose por el desarrollo profesional de sus colaboradores pagándoles o dándoles licencias pagadas para tomar diplomados, seminarios, maestrías y especializaciones, ya que ese nuevo conocimiento al final terminará redundando en beneficio de sus empresas y el país. Esas son cosas que hacen empresas de excelencia.

Ciertamente, los individuos y empresas foráneas contribuyen con su ímpetu, conocimientos y creatividad y nuestro país, que no ha dudado en acogerlos con los brazos abiertos, pero esta bondad debe ser limitada por la garantía de nuestros propios intereses. No es justo que muchos jóvenes panameños, ante la pobreza de la oferta educativa local, salgan del país en busca de mejorar su nivel educativo con ayuda de la SENACYT o el IFARHU, para luego encontrarse con un mercado laboral que prefiere a priori a profesionales y empresas foráneas en las áreas en las que se habían especializado, obligándolos así a no aplicar sus conocimientos en trabajos que no los requieren, frustrándolos o forzándolos a migrar, provocando una fuga de cerebros y de recursos que serán aprovechados por otros, lo cual es un daño grave perpetrado contra nuestra sociedad.